Autor: Golondrinas21

La guerra civil en Argelia. El papel de la Unión Europea ante el conflicto interno (III)

3.3 La comunidad internacional: Parlamento y Comisión Europea y Consejo de Ministros

Tras el Golpe de Estado, la primera acción por parte de las instituciones será la pronunciada por el Parlamento Europeo que dictaba la resolución por la que se establecían los Protocolos Financieros de la Comunidad con Argelia, Jordania, Líbano e Israel, sin apenas tiempo de reacción ante los acontecimientos vividos el 11 de enero en Argelia, por ello se introdujo una petición a la Comisión para que no se aprobara para el caso argelino hasta que no se esclareciera la situación del país.

Mientras que el Parlamento Europeo abogaba por una vigilancia del conflicto argelino sobre todo por la posible violación de Derechos Humanos, el Consejo de Ministros, que seguía una tendencia economicista de apoyo a los socios miembros, no se pronunciaba, dejando esa labor a los diferentes gobiernos, sobre todo al francés que había tomado prácticamente el papel de portavoz. Finalmente, el 24 de enero de 1992 el Consejo de Ministros declaraba la necesidad de que volviese la tranquilidad a Argelia afirmando que mantendrían una postura de vigilancia para posteriormente el 17 de febrero afirmar en una declaración que se velaría por el respeto de los derechos humanos, la tolerancia y el pluralismo.

La aplicación del Cuarto Protocolo todavía estaba congelada ante esta situación. No será hasta el mes de junio cuando el Consejo Europeo de Lisboa apruebe las primeras medidas que llevarían a la reanudación del protocolo. En este consejo se aprobaron como afirma Uruburu las líneas maestras de la Política Exterior de la Comunidad, ante la próxima entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. (Uruburu, 2010:171) Esta medida coincidía con el envío días después, de un grupo del Consejo Europeo de Ministros a Argelia para comprobar si la situación era favorable como para aceptar llevar a cabo el Cuarto Protocolo, pero no fue así ya que en junio el Presidente del Alto Consejo M. Boudiaf fue asesinado. El gobierno argelino por aquel entonces tampoco se mostraba preocupado por la aplicación o no del Cuarto Protocolo, ya que se encontraba en negociaciones con el FMI para la aprobación de un nuevo préstamo, que finalmente no le sería concedido.

La respuesta del gobierno argelino, con B. Abdessalam como nuevo Primer Ministro, romperá todas las negociaciones con el FMI que decidió optar por una economía de autosuficiencia que sólo pudo mantenerse hasta 1993, momento en el que las protestas comenzaron a ser mayores y que coincidiría con la aparición del grupo armado GIA (Groupements Islamiques Armés) que si en un primer momento dirigían sus ataques contra los integrantes del gobierno, al ver que no tenían suficiente apoyo de la sociedad, comenzaron a asesinar de forma indiscriminada a políticos, personas de la administración, periodistas e intelectuales. En septiembre de 1993, el grupo armado comenzó a asesinar a extranjeros que supuestamente ayudaban directamente al régimen.

Ante esta situación B. Abdessalam será sustituido por Rheda Malik, que terminará por negociar con el FMI en 1994. Malik también decidirá retomar el diálogo con la Comisión Europea a la que remitirá una carta solicitando el desbloqueo y la aplicación del acuerdo para la aplicación del Cuarto Protocolo que finalmente sería aprobado en octubre de 1994. Como afirma Uruburu, esto suponía el restablecimiento pleno de la cooperación económica entre la UE y Argelia. Además, la firma de este acuerdo coincidía con el periodo de asesinatos de trabajadores occidentales en Argelia, un hecho sobre el que la comunidad internacional no pudo hacer la vista gorda. R.Malik fue sustituido por A. Zeroual como Presidente del Estado, que tratando de continuar con el inestable proceso de democratización decide, alejándose de la rama militar del FLN, el intento de negociación con los dirigentes del FIS que se encontraban encarcelados. Si bien la Unión Europea recibió muy bien esta noticia como hizo constar en la Declaración de la presidencia el 26 de septiembre de 1994, en el país argelino esta opción no gustó, aumentando la violencia hasta el punto que el propio Zoural un mes más tarde declaraba que su propuesta había fracasado, anunciando la convocación de las próximas elecciones a celebrarse antes del fin de 1995.

Entre los últimos meses de 1994 y el inicio de 1995, se producirá un acercamiento diplomático intenso con el objetivo de estabilizar la situación en Argelia. Curiosamente será una organización católica la que organice en Roma un encuentro con todos los dirigentes de los diferentes partidos políticos argelinos. Salvo representantes del gobierno argelino en funciones, acudieron representantes de todos los grupos que firmaron un acuerdo de colaboración para volver a la situación de las elecciones de 1992 dentro del marco teórico del respeto a los Derechos Humanos. Obviamente, la ausencia de los representantes de gobierno argelino ya auguraba la no aceptación del acuerdo, para lo que alegaron cuestiones internas.

La Comunidad Internacional se vio entonces obligada a pronunciarse, ante la negativa del presidente argelino por un lado, y ante la organización de un acto de estas características por un ente menor. Cuatro días antes a esta resolución, el Consejo de Ministros de la PESC no quiso hacer referencia expresa a la cuestión de la futura celebración de elecciones a finales de 1995. Según Uruburu, este silencio ante tal hecho venía dado por que a finales del 1995 iba a celebrarse la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de los países mediterráneos en Barcelona durante el mes de noviembre. El objetivo de esta falta de pronunciamiento sería la de que en aquel momento la Unión Europea pareció querer situar el diálogo político con Argelia dentro de un contexto más amplio, el de la Asociación Euromediterránea. En el momento en el que se firmó el acuerdo se situó a Argelia dentro de un marco multilateral que incluía el establecimiento de un diálogo político que habría de ser desarrollado bilaterlamente a través de Acuerdos de Asociación, estos sí, con contenido jurídicamente vinculante. (Ibid,179) si bien no tenía condición de Declaración política y por tanto no tenía carácter jurídico.

3.4 El FMI. La intermediación de la economía

Como venimos afirmando a lo largo de este trabajo, las relaciones internacionales entre la Unión Europea y Argelia durante la guerra civil de los años 90, estuvieron marcadas por los intereses económicos más que por un interés real de la defensa de los Derechos Humanos o del fin del propio conflicto. En todas las negociaciones estuvieron siempre presentes las relaciones comerciales que mantenían los diferentes países miembros con el país argelino, así como los diferentes acuerdos alcanzados con el FMI, el ente internacional odiado y a la vez necesitado por la política argelina de aquellos momentos.

Desde 1992, momento en el que se produce el Golpe de Estado, hasta 1995 con los Acuerdos de Barcelona, el Fondo Monetario Internacional llevará varios acuerdos comerciales con el gobierno argelino en momentos clave del conflicto.
Durante todo el año 1992 con Boudiaf en la presidencia, los principales acuerdos económicos se llevaron a cabo directamente con gobiernos con los que ya se tenían relaciones previas. El gobierno francés en febrero de 1992 aprobaba un préstamo de 1.5 billones de dólares provenientes del banco Crédit Lyonnais. No es de extrañar ya que Francia era el primer comprador de las exportaciones de Argelia además de tener una comunidad de argelinos muy importante en su territorio. Tras el anuncio de la liberalización del sector del gas, Boudiaf será asesinado. Abdessalam, que como hemos visto quería cerrar todo el contacto con la inversión extranjera, si mantuvo algunos contactos por necesidad económica, recibiendo 1 billón de dólares en créditos a la exportación por parte del gobierno español, un préstamo por parte de España que respondía a sus necesidades del gas argelino y por el miedo a movimientos migratorios hacia España.

El Fondo Monetario Internacional llegará a un acuerdo en mayo de 1994, sobre todo por la insistencia de los países que ya mantenían relaciones con Argelia. El destino del préstamo acordado con el FMI en 1 billón de dólares eran las reformas estructurales en materia económica. Un crédito que se renegociaría en 1995 a 1.8 billones de dólares al año durante un periodo de tres años. Las exigencias del FMI en contrapartida eran claras: liberar la economía argelina mediante la reducción del déficit, la inflación y abrir el mercado interior a la inversión extranjera. En cuestión democrática no se realizó prácticamente ninguna petición por parte del FMI, salvo la transparencia en la actuación del gobierno argelino.

Se podría decir que parte de las peticiones del FMI se llevaron a cabo. Si bien por un lado parte de la liquidez de los créditos se dedicó al aumento de puestos de empleo dentro de la administración (lo que no contribuía a terminar con la burocratización del estado argelino), por otro se firmaron a finales de 1995 varios acuerdos para la inversión extranjera en el sector del gas. Por ejemplo, ya con el gobierno de Zeroual, en diciembre se firmó un acuerdo con BP por 3.5 billones de dólares destinados a la extracción de petróleo.

Pasaportes y visados: de la identidad al control de la movilidad en las fronteras

Reblogueamos esta tarde la segunda colaboración que realizamos para el blog Ssociólogos, dedicada a la función de los pasaportes y visados.

Para visitar la entrada en el blog original podéis hacerlo pinchando aquí.

Pasaportes y visados entendidos como documentos identificativos fueron concebidos en sus orígenes como una herramienta para la creación y delimitación de la ciudadanía por parte de los estados, que vendrían a legitimar su soberanía. Unos documentos que variarían en su finalidad dependiendo del momento histórico y respondiendo a objetivos específicos de los estados.

Con el paso de la Edad Media al periodo absolutista y de ahí a la creación del estado moderno, el individuo ha pasado de poseer el control de sus movimientos a necesitar una identidad creada de forma artificial (en la mayoría de los casos por oposición al otro extranjero). Una movilidad que no siembre dependía exclusivamente del individuo, sino que solía estar ligada a entidades privadas, tal y como sostiene John Torpey, como resultado de los sistemas esclavistas o de clases sociales.

Habermas y Foucault, en sus estudios sobre el poder y la autoridad de los estados, señalan a la administración necesaria para la gestión de los documentos identificativos como una forma más en la que el estado ha ido penetrando o abrazando a la sociedad, de manera que ha ido acaparando la capacidad de ejercer una autoridad cada vez mayor sobre ellas, monopolizando así dicha autoridad. Torpey señala que la visión de J. Habermas sobre la penetración del estado en la sociedad no vendría a reflejar totalmente el proceso por el cual, el estado ha conseguido monopolizar dicha autoridad, ya que considera que no refleja la naturaleza de un proceso que no ha sido de imposición directa a la forma rígida y clásica que se pueda imaginar, sino que se habría hecho de manera indirecta. En términos de Foucault, el estado abraza a la sociedad, entendido como el aumento de las necesidades administrativas de forma que el individuo se convierte en un dependiente de las capacidades del estado. Así, el desarrollo de la administración para el control de movimientos venía a ser una forma más de ejercer autoridad o abrazar a la ciudadanía, una ciudadanía que no existía como tal, por lo que era tarea del estado moderno crearla. Los objetivos eran de los más diversos como mantener un mercado laboral estable, mantener la seguridad evitando la entrada de espías o la movilidad de las clases más bajas (a los que en algunos periodos no se les expedía pasaporte) u otros objetivos vistos en el capítulo anterior.

Al relacionar estado moderno e identidad, los autores que tratan este tema suelen relacionar conceptos como estado-nación, nacionalidad, no-nacional y extranjero, diferentes términos para determinar diferentes tratamientos. A este respecto, Saskia Sassen señala que el hecho de unir la soberanía del estado con el nacionalismo convirtió al extranjero en un forastero, y afirma para el caso concreto de los refugiados, que surgirían en el periodo en el que se configuraba el estado moderno, que el estado podía definir a os refugiados como personas que no pertenecían a la sociedad nacional, que no podían optar a los derechos de los ciudadanos. (Sassen, S. 2013: 116).

Los sistemas de control de la movilidad, como eran el pasaporte y el visado, cumplían esta otra función de identificación dando lugar a una revolución identificativa, tal y como la entiendía G. Noiriel. En estos documentos se reflejaba el origen familiar del individuo que desprendía información sobre su estatus, su formación, zona de residencia e incluso toda clase de información en el caso de los visados, en los que se solicitaba (y se solicita en muchos casos en la actualidad), el lugar de residencia durante la estancia en el extranjero (o en el país huésped), la capacidad de financiarse económicamente y la reserva del viaje.

Todos los aspectos identificativos reflejados en un pasaporte o visado reflejan las características de un cuerpo individual en relación con su gobierno, tal y como expone M. Salter (2006), siendo los sistemas de visados y pasaportes los que permiten la pertenencia o membresía en una comunidad en su propio territorio y cuando se encuentra en otro territorio exterior. Esta argumentación coincide con la realizada por Foucault entorno al concepto de biopolítica entendida como la forma moderna de gobernar la vida de la población que produce cuerpos dóciles a través de una continuada conjunción de soberanía sobre el territorio. (Jansen, S., 2009: 815) Una manera de entender la política o de como el estado ejerce la soberanía sobre los ciudadanos/cuerpos, desposeyéndoles así de su humanidad en una forma de control y de anonimato bajo la necesidad de control de la forma más aséptica. Sobre esta base de posiciones desiguales se establece la relación entre cuerpo y estado, unas relaciones de saber y poder, en las que a mayor información sobre el cuerpo, mayor control político se tendrá sobre el mismo. Como señala el propio Salter en línea con la argumentación de Foucault, el poder construye el sujeto obediente, pero no se limita a reprimir a los desobedientes. (Salter, M., 2006: 171) Tal y como afirma el propio Salter, el orden bipolítico internacional se crea mediante la clasificación y la contención de un régimen de vigilancia y con una política tecnológica internacional del individuo dirigida por la globalización de los documentos, la biométrica y el régimen aconfesional.

Esta misma lógica de relaciones de saber/poder se puede trasladar al momento de atravesar una frontera tanto de forma legal como ilegal. En este momento es cuando pasaportes y visados cumplen con sus principales funciones: representación física de la soberanía en cuanto a protección del propietario fuera de sus fronteras, y como identificación y provisión de información del individuo hacia el país que le recibe. Es pues la frontera un espacio complejo en el que se produce incluso un sentimiento de afectividad entre sujeto y documentos en tanto en cuanto ese documento aporta sensación de seguridad al individuo.

Salter, tomando el concepto de estado de excepción enunciado por Agamben dentro de su teoría del homo sacer, entiende por estado de excepción una situación anormal en la que las leyes se suspenden para quedar el poder, en manos de la fuerza que es la que ejerce la ley y determina dejar pasar a un individuo u otro. Una situación que nos recuerda a los momentos de crisis bélicas en la historia en las que se establecían leyes extraordinarias para el control de la movilidad con la imposición de pasaportes y visados. Salter va un paso más allá al señalar que las fronteras se configuran como un estado de excepción permanente, en el que será la soberanía en forma de pasaporte o visado, la que determine que un individuo sea catalogado como incluido o excluido del estado huésped, o incluso sea definido como un refugiado.

Esta metáfora del estado de excepción permanente refleja de una forma muy visual los controles fronterizos que se integran como herramienta de las políticas migratorias nacionales, que cada vez se van configurando en mayor medida de una manera transnacional ya que los estados quieren ceder mayor soberanía en este sentido a las organizaciones internacionales y sistemas regionales por la complejidad de su gestión. La identificación se convierte en clave y por ello el sistema de pasaportes y visados es de tremenda importancia. Si bien la tipología se ha ido definiendo y delimitando con la creación del estado moderno, actualmente existen unas normas internacionales que estandarizan la forma de estos documentos.

En la situación de crisis económica que atraviesan los países desarrollados, el control de las inmigraciones legales e ilegales se vuelve en un eje central de las políticas exteriores. La aplicación del requerimiento de visados a los pasaportes se vuelve una herramienta imprescindible, para el control de la movilidad y como herramienta de presión hacia otros estados en ese pulso migratorio. M. Czaika y H. de Haas (2014), por ejemplo, han demostrado empíricamente que la aplicación de los visados reduce levemente los flujos migratorios entre los países que establecen el visado, pero no se reducen en cuanto a número de inmigrantes, es decir las migraciones continúan solo que cambian de dirección hacia otros países en los que el visado no es requerido. Por lo que cabría plantearse hasta qué punto, estas medidas de control por imposición de visados son unas medidas efectivas, pero sobre todo, justas.

Bibliografía:

Noiriel G., [1996 (1988)] The french melting pot inmigration citizenship and national identity, Mineapolis, University of Minnesota Press.

Salter, M., (2006) The global visa regime and the political technologies of the international self: borders, bodies and biopolitics, Alternatives 31, 167-189, en http://www.sagepublications.com.

Salter, M., (2004) Passports, mobility, and security: How smart can the border be? Policy in international studies, International Studies Perspectives, nº 5, p. 71-91, Blackwell Publishing, Malden.

Sassen, S (2013) Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa Fortaleza, Siglo XXI.

Torpey, J., (2000) The invention of the passport Surveillance, Citizenship and the State, Cambrbidge, University Press Cambridge.

La guerra civil en Argelia. El papel de la Unión Europea ante el conflicto interno (II)

Chadli Bendjedid, presidente meses antes de las revueltas.

3. PRIMEROS AÑOS DE GUERRA CIVIL: LA NO POLÍTICA EUROPEA

Las relaciones entre países del Magreb y la Unión Europea comienzan a partir de los años 70, ya que anteriormente las relaciones se establecían entre estados pero no bajo una idea de comunidad, entre otros motivos porque la misma Unión Europea estaba en proceso de formación. Si las relaciones intereuropeas comenzaron a funcionar como una colectividad desde la Política Comercial Común, serán las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y las libertades políticas las que irán articulando las políticas de la Unión a partir de los años 70 y sobre todo desde los años 80 como una política exterior común.

El primer acuerdo que acercará a la Unión Europea y al continente africano fue el Convenio ACP, en el que se establecían relaciones entre la Unión Europea y países africanos, además de otros caribeños y de la zona del Pacífico. En concreto, en 1978 el Consejo Europeo de Copenhague aprueba la “Declaración sobre la Democracia” por la que se establecían las normas necesarias para crear acuerdos de cooperación entre estados.

Será a partir de los años 90 cuando el sistema internacional europeo sufra una transformación interna para adaptarse a la geopolítica de aquellos momentos. Según Uruburu, será en este momento cuando el sistema regional europeo adquirirá plena consciencia de su papel como promotor de la democracia en el exterior de sus fronteras. (Ibid, 142) A partir de 1993 tras la aprobación del Tratado de Maastricht se establecerá la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en principio independiente de la Política Comercial Común, aunque como veremos, en el caso de Argelia irán íntimamente ligadas.

3.1Caracterización del conflicto argelino: conflicto interno internacionalizado

El conflicto argelino desde el punto de vista de los conflictos armados y el derecho internacional, fue catalogado como un conflicto armado interno entre el poder ejecutivo y los partidarios de otras organizaciones políticas insurgentes (partidos políticos que habían sido ilegalizados). Desde el derecho internacional, los conflictos armados internos son considerados como:

• Interno. En tanto en cuanto el conflicto se produce entre grupos de un mismo Estado.
• Legales. El derecho internacional no prohíbe las guerras civiles ni los conflictos internos, ya que la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales sólo se aplica para las relaciones entre Estados, es decir en conflictos internacionales.
• Desiguales. Las partes que se enfrentan no parten con el mismo amparo ante la ley, ya que el conflicto se establece entre Estado y rebeldes, mientras que en un conflicto internacional se enfrentan dos sujetos iguales.
• Internacionacionalizados. Esto sucede cuando una o el conjunto de las partes participantes en el conflicto se benefician de las fuerzas armadas de un tercer estado, o de los beneficios en otros sectores.
Las bases del derecho internacional en conflictos internos se asientan en la Carta de Naciones Unidas, firmada en Estados Unidos el 26 junio de 1945, y que entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año. Los principales artículos que afectan a los conflictos internos son el 2.4 y el 2.7. En ellos se establece que:

los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas mientras que en el segundo se expone que ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

Las legislaciones internacionales que se aplican para la reglamentación de los conflictos armados internos elaboradas posteriormente a la Carta de Naciones Unidas son varias. La primera de ellas es el artículo 3, común a los Convenios de Ginebra de 1949. Para A. Mangas es la norma mínima aplicable a la generalidad de los conflictos armados internos (Mangas, 1990:67). Según el artículo 3, las situaciones de tensión internas así como los disturbios interiores no son catalogados como conflictos internos, por lo que no se les podría aplicar dicho artículo. El artículo 3 se aplica cuando la parte contendiente que no es el propio Estado, está organizada con un propósito colectivo y cuenta con una organización mínima, sin ser necesario el reconocimiento de beligerancia (si re reconociera la beligerancia se podría aplicar totalmente el Derecho de los Conflictos Armados).

La segunda de las legislaciones aplicables a los conflictos armados es el Protocolo Adicional II del 10 de junio de 1977, enunciado para especificar lo expuesto en el artículo 3. La novedad que introduce es la especificidad de lo que se entiende por conflicto interno para su aplicación del Protocolo II. Según Mangas eran:

• Que se desarrolle en el territorio de una Alta Parte Contratante.
• Que enfrente a sus Fuerzas Armadas con Fuerzas Armadas disidentes o grupos organizados.
• Que estas últimas estén bajo la dirección de un mando responsable.
• Que ejerzan control sobre una parte de dicho territorio
• Que realicen operaciones militares sostenidas y concertadas.
• Que el control sobre las fuerzas armadas disidentes o los grupos armados organizados les permita aplicar el Protocolo Adicional II. (Mangas, 1990:71)

Por otro lado, el Derecho Internacional Humanitario surge en el seno de estas legislaciones con la finalidad de establecer las normas que protejan a las víctimas de los conflictos armados. Como afirma Mangas, es la razón histórica del Derecho Internacional Humanitario, aliviar la suerte de los combatientes, de los heridos, de los enfermos y de los náufragos; la protección de la población civil y de las personas y bienes civiles y también ofrecer una protección a las personas que cuidan espiritual y sanitariamente a las víctimas (Ibid,82)

El punto de vista de Mangas es muy optimista, ya que como afirma en las conclusiones a su obra, tanto los Convenios de Ginebra de 1949, como el Protocolo Adicional II reflejaban el compromiso de los Estados a comportarse en caso de una situación de conflicto armado interno, pero el tiempo y conflictos como el de Argelia nos llevan a pensar de una forma diferente.

3.2 Relaciones Unión Europea-Argelia. Acuerdos previos al Golpe de Estado

Las políticas de actuación de los diferentes órganos de la Unión Europea serán en muchos momentos del conflicto contradictorias entre sí, dado que por un lado se encontraban las actuaciones en política económica y por otro lado las políticas que no querían entrar a gestionar un conflicto interno principalmente por no contradecir a esos organismos económicos europeos. Respecto a la actuación política, las instituciones comunitarias que intervendrán durante el conflicto argelino serán el Consejo de Ministros (que representaba los intereses de los gobiernos de los Estados miembro), la Comisión Europea (que representará el interés comunitario) y el Parlamento Europeo (que representa a los electores europeos). Por otro lado, sobre las políticas comerciales de la Unión Europea, intervendrá la Comunidad Europea, el PESC. Finalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Como hemos visto en el apartado anterior, los intereses económicos en Argelia durante los años 80 eran elevados, de hecho, como afirma Uruburu, hasta la primera mitad de los años 80 la cooperación entre Comunidades Europeas y Argelia había quedado relegada a los aspectos financieros y técnicos, establecidos en el Acuerdo de Asociación de 1978 y a los sucesivos Protocolos financieros que se desarrollaban en aquel texto. (Uruburu, 2010:164) Este era uno de los motivos que explica la porqué la comunidad internacional no actuó cuando debía haberlo hecho ante la situación de violencia del año 1988. Lo que se mostró fue una actitud de espera para ver hacia dónde se dirigía la situación por sus propios medios. Además, se mantenían a la expectativa del ascenso del movimiento islamista al mismo tiempo que no se consideraba viable la acción directa, sobre todo después de la intervención Somalia y las consecuencias de la misma.

La única manifestación que se hará desde las Instituciones Europeas sobre el conflicto argelino será el comunicado que envía la Presidencia Española de la CEE al Parlamento Europeo como respuesta en el turno de preguntas que se estaban siguiendo de cerca los acontecimientos en Argelia y que algunos dirigentes de los países miembros ya habían mostrado sus opiniones al respecto de forma pública, lo que dejaba entrever que de momento, los gobiernos serían los que tratarían directamente la cuestión.

Es en estos momentos cuando, si bien el Parlamento Europeo sí muestra su preocupación en materia de violación de Derechos Humanos así como de la necesidad de un programa de reformas políticas, la Comisión y el Consejo Europeo se centrarán en los avances en materia económica. Una muestra de ello, es que los dos instrumentos que se crearán entre 1990 y 1991 serán en respuesta a estas preocupaciones económicas, por un lado el Cuarto Protocolo de Cooperación financiera y técnica, y por otro lado el Consejo Europeo concedía el 23 de septiembre un préstamo a Argelia para intentar solventar sus problemas económicos, y que seguía la línea de los préstamos firmados por el FMI y el Banco Mundial.

La guerra civil en Argelia. El papel de la Unión Europea ante el conflicto interno (I)

Estrenamos esta semana el Golondrinas 21 una sección dedicada a la historia de Argelia, en muchos momentos compartida con España.

La «década negra» como se refieren muchos investigadores e investigadores, a la década que ocupó la guerra civil argelina será el primer capítulo que desgranaremos durante algunas semanas con una serie de entradas. Analizaremos este conflicto en relación con la postura que tomaron algunos países de los estados miembro de la Unión Europea, así como la propia Unión.

Fotograma de la película La Batalla de Argel, G. Pontecorvo, 1965.

1. CONTEXTO ARGELINO PREVIO AL GOLPE DE ESTADO DE 1992

Los años ochenta serán los que marcarán el destino del inicio de los noventa con el Golpe de Estado. Una vez alcanzada la independencia de Francia, Argelia optó por una economía de corte socialista similar a la de otros países de Mundo Árabe por aquel entonces. Argelia se encontraba con una economía que se sustentaba en los beneficios de los hidrocarburos, con una agricultura de monocultivo y sin recibir ningún tipo de inversión, además de enfrentarse a problemas como la falta de recursos hídricos y la cuestión de la seguridad alimentaria, ya que la presión demográfica iba en aumento y con perspectivas de seguir la misma línea de crecimiento. Ante esta situación, el presidente Benjedid (recién elegido tras la muerte de Bumedian) opta por llevar a cabo una serie de medidas que intenten solucionar estos problemas como la reestructuración de las empresas (que sufrían un fuerte endeudamiento) o la reducción de la tasa de inversión pública.

Durante estos primeros años, la sociedad argelina se debatirá entre el discurso oficial y las nuevas ideas que plantean los islamistas. El Islam se había proclamado como la religión de la República, por lo que, el descontento con las políticas gubernamentales así como la falta de justicia social dio lugar a que la sociedad se acercara al movimiento islamista que se presentaba como un pensamiento alternativo al oficial, incluso cuando aún no se había establecido como partido político sino que funcionaba como el discurso de los imanes durante los rezos del día.

A partir de 1986 será cuando la tensión aumente entre la sociedad civil y el gobierno debido al endurecimiento de la situación por varios motivos. Por un lado el endurecimiento de las medidas gubernamentales en materia económica, ya que en estos momentos el gobierno busca el crédito exterior, reparte subvenciones a las empresas públicas y reduce las grandes explotaciones agrícolas colectivas, además de reducir el gasto en protección social y en la importación de bienes alimentarios y de equipo. A estas medidas se unen otros dos hechos de carácter internacional que marcarán el curso de la economía argelina: la caída del precio de los hidrocarburos que dio lugar a que las exportaciones cayeran más de un 40% (y con ello el sustento principal de la economía argelina), y por otro lado, la devaluación del Dólar que era la moneda de cotización en los mercados internacionales. Estos dos hechos repercutieron en la economía de forma directa ya que la inflación aumentó hasta el 8´5%, aumento del desempleo pasando del 18% al 22% así como el aumento del precio de los productos alimenticios de primera necesidad. Estos hechos darían lugar a las primeras manifestaciones y revueltas en 1988.

En un primer lugar, el presidente Benjedid comunicó en un discurso televisado que el problema era a causa de los especuladores, pero en los primeros días de octubre se producirá la subida del precio de los materiales escolares, lo que dio lugar a manifestaciones y huelgas en colegios y universidades. Ante el ataque de edificios ministeriales, el gobierno decidió establecer el estado de alerta el 6 de octubre de 1988. Como afirma Frédéric Volpi por primera vez desde el fin de la guerra de independencia, las autoridades civiles quedarán bajo control militar (Volpi, 2003: 40). Un día más tarde las protestas tomarán una nueva dimensión, los líderes islámicos por primera vez organizarán a los fieles en concentraciones después de los rezos. El movimiento islámico demostró entonces ser capaz de organizar a la población y transformar el discurso hacia la política con el objetivo de conseguir concesiones por parte del gobierno.

Ante esta situación, a mediados de mes, Benjedid tuvo que dar marcha atrás en sus políticas restrictivas para buscar otras soluciones que no ahogaran a la población. La primera fue la votación en referéndum para el cargo a la presidencia (al que sólo él se presentó candidato). Esta medida respondía por un lado a resolver ciertos problemas en la división interna del FLN y por otro a intentar debilitar a la oposición, sin buscar en realidad la consecución de la apertura del sistema democrático. Benjadid fue reelegido. Meses después presentó la nueva Constitución que incluía el derecho a la creación de partidos políticos, algo que aprovecharían Abassi Madani y Ali Belhadj que meses más tarde anunciarían la creación del partido político Frente Islámico de salvación (FIS), como brazo político del movimiento religioso islamista. Será en septiembre de 1989 cuando el gobierno reconozca públicamente la legalidad del FIS así como de los partidos bereberes. Como afirma Volpi, desde el momento en el que se aprobó la Constitución en febrero de 1989 hasta las elecciones de junio de 1990 se registraron oficialmente 14 nuevos partidos políticos, mientras que para el mismo periodo, entre las elecciones de junio de 1990 y las elecciones de diciembre de 1991 se crearon 36 nuevos partidos. Ésta junto a otras medidas políticas tomadas por Benjadid significaron como afirma Bustos, el fin al sistema de partido único, al monopolio comercial del Estado y, en general, a la supremacía de los principios socialistas. (Bustos, 2007: 48) Fue entonces cuando el proceso democratizador en Argelia parecía que tendría un final positivo dado que el ambiente se había calmado y el gobierno daba señales de adaptar el sistema hacia el orden democrático.

En el ámbito económico, las medidas tomadas por Benjadid también supusieron un giro en las políticas económicas tradicionales. Por un lado se buscó la manera de conseguir financiación acudiendo a los países del Mediterráneo pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, socios tradicionales como venían siendo España o Francia que eran los principales países compradores de las exportaciones de gas argelinas. En este sentido, ya a finales de 1988 Francia concederá su financiación en forma de créditos, mientras que España en 1989 concedía un préstamo de 380 millones de dólares renovable por dos años más. Por otro lado, el gobierno decide ponerse en contacto con un organismo hasta entonces vetado en sus negociaciones por considerarlo un órgano del imperialismo, el Fondo Monetario Internacional. Argelia había rechazado solicitarles ayuda debido a que las condiciones que imponía el FMI a la hora de conceder créditos exigían al gobierno del país receptor una limitación de la soberanía interna en el sentido de que las políticas internas debían cumplir unas condiciones externas. Como explica Uruburu las opciones del gobierno pasaban, por lo tanto, bien por suspender el pago de la deuda externa, lo que implicaba irrumpir el acceso al crédito internacional, o bien romper con uno de los pilares ideológicos del FLN, como era el de la plena soberanía nacional, frente a las naciones que, precisamente aportaban mayores cuotas y dominaban las instituciones de Bretton Woods. (Uruburu, 2010:49)
Finalmente el 31 de mayo de 1989, Argelia firma un acuerdo por el que recibe un préstamo del 187 millones de dólares para llevar a cabo un programa de reformas económicas, y otro préstamo de 378 millones destinados a la importación de bienes de primera necesidad. Este acuerdo previo fue seguido por otro acuerdo firmado el 3 de junio de 1991, por el que se recibía otro préstamo de 404 millones de dólares, a cambio de que se tomaran medidas para la liberalización del comercio exterior, la depreciación del dinar o la racionalización del sistema fiscal entre otros, lo que en definitiva significaba aceptar las reglas del FMI a costa de endurecer las políticas y costes sociales.

Todas estas reformas económicas, que la mayoría de la sociedad civil no entendía, no tenían reflejo en mejoras de cara a la sociedad, por lo que en las elecciones locales de 1990, el FIS consiguió la victoria en varias de las localidades más representativas de Argelia como Orán, Argel o Constantina, mientras que en las elecciones regionales, el FIS se impuso obteniendo el 57´44% de los votos. La sociedad se encontró por un lado con el gobierno tradicional que no acababa de llevar a cabo políticas que resolvieran los problemas estructurales del país ni siquiera con las relaciones internacionales que se mantenían, mientras que el partido islamista parecía poder desenvolverse y garantizar unos mínimos servicios sociales. Por otro lado, los islamistas comenzaban a mirar al exterior hacia países con gobiernos que pudieran ser aliados en su línea política, algo que comenzó a preocupar a a la comunidad internacional.

El gobierno comenzó a reprimir al FIS en octubre de 1991 de cara a las elecciones parlamentarias que tendrían lugar en diciembre del mismo año. Comenzaría el FLN su represión con la redacción de la Ley Electoral que se publicaba a principios de 1991, elaborada sin ningún tipo de consulta al resto de grupos, una ley que favorecía la permanencia del partido actual en el gobierno, lo que dio lugar a la justificación del FIS para salir a la calle y reclamar a la sociedad civil a que se manifestara ante la anticonstitucionalidad de la Ley Electoral de 1991. Tras tres meses en los que se había declarado el Estado de Sitio, finalmente se llegó a un pacto que permitió que se celebrara la primera vuelta de las elecciones parlamentarias el 26 de diciembre de 1991. El resultado mostrará claramente el castigo que la sociedad impuso al FLN que obtuvo 16 escaños frente a los 188 conseguidos por el FIS. El FLN ante esta situación sólo le quedaban dos opciones, como afirma Uruburu, aceptar el resultado de las elecciones y desarrollar una experiencia de cohabitación en el poder con el FIS , al menos durante los casi dos años que aún restaban a Benjadid en la Presidencia de la República, o bien declarar las elecciones nulas y repetir la situación vivida en 1965, es decir, el Golpe de Estado.

El 11 de enero de 1992, Benjedid será destituido por el Ministro de Defensa Jalid Nizzar produciéndose el Golpe de Estado. Si bien el ejército quiso evitar que se hablara de Golpe de Estado y que pareciese un acto totalmente legal y constitucional. El ejército promulgó que el poder político quedaba en manos del Alto Consejo de Seguridad, compuesto por civiles y que estaba reconocido en el artículo 162 de la Constitución de 1989. Pero éste era un órgano consultivo, no ejecutivo, de manera que las dos decisiones clave que tomó este órgano no eran constitucionales a saber, la anulación de las elecciones legislativas que estaban previstas para el 16 de enero de 1992, así como la creación del Alto Consejo de Estado se encargaría del gobierno temporal. Finalmente, el siguiente paso que daría lugar al levantamiento fue la ilegalización del FIS en febrero de 1992.

Como afirma Uruburu, no sólo se estaba enterrando un proceso político de democratización pionero en el Magreb sino que se estaba abriendo la puerta para una confrontación civil que, a lo largo de casi una década y sin un final definido, provocará mas de cien mil muertos. Un proceso en el que se violarían gran parte de los Derechos Humanos a los que la comunidad internacional no prestaría gran atención ya que se encontraba en esos momentos, pendiente de otros conflictos, en lo que se refiere a la cuestión jurídica y política, ya que en la cuestión económica hemos podido ver como sí estaba atenta a la cuestión sobre todo por sus intereses económicos.

Fuentes:

1. Uruburu, J.M. (2010) Los países del Magreb en las relaciones euromediterráneas. Fénix Editora.
2. Volpi, F. (2003) Islam and democracy. The failure of dialogue in Algeria. Pluto Press, London.

3.Bustos, R. (2007) La política árabe y mediterránea de España. España y la promoción de la gobernanza en Argelia. Revista Cidob d´Afers Internacionals 79-80. Fundación CIDOB, Barcelona.

LAS MOVILIDADES NORTE-SUR. NUEVAS TENDENCIAS, NUEVAS ENCRUCIJADAS

Reblogueamos este post que ha significado nuestra priemera colaboración con el blog Ssociólogos, dedicado a la Sociología en su aspecto más general y a temas de actualidad.

Cada día son más numerosas las informaciones que hacen referencia a las movilidades de los jóvenes españoles hacia países de la Unión Europea, América Latina o África. Ante la falta de unas bases de datos que reflejen realmente estas movilidades en toda su complejidad(1), los discursos oficiales de representantes del gobierno español(2), así como de algunas instituciones académicas no parecen ponerse de acuerdo(3). Mientras que unos aducen que las estadísticas reflejan el fenómeno de retorno de aquellos inmigrantes que llegaron a finales de los años 90 y 2000, otros afirman que el número de jóvenes españoles que emigran son mucho mayores que lo que reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (4).

Si vamos más allá de nuestras fronteras, la comunidad internacional comenzó a pronunciarse sobre el fenómeno de las movilidades Norte-Sur5 el pasado 2013. Un fenómeno que señalan como incipiente pero existente. La Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), e institutos como el Instituto Internacional de Migraciones de Oxford (IMI), coinciden en afirmar que existe una movilidad en un nuevo sistema de flujos de países del Norte hacia países del Sur.

Por ejemplo, si repasamos el Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2013. El bienestar de los migrantes y el desarrollo de la OIM, se hace referencia a las movilidades Norte-Sur en el epígrafe Tendencias de migración: comparación de las cuatro direcciones. En él se destaca que éste es un fenómeno que requiere de una mayor atención. Las principales motivaciones que dan lugar a estas migraciones son, según el informe: el aumento de empresas transnacionales, la crisis en el Norte y el aumento de la demanda de trabajadores cualificados en las economías emergentes del Sur. (OIM, 2013: 89) Los datos del informe de OIM además destacan el caso español como ejemplo, afirmando que: mientras que más del 86% de los emigrantes no son nacidos en España, la emigración de personas nacidas en España aumentó aproximadamente en un 70%, entre 2010 y 2011 —mucho más rápido que la emigración de las personas nacidas en el extranjero. (OIM, 2013: 89)

Otros investigadores como Frank Lackzo y Tara Brian pertenecientes al IMI, coinciden al señalar la existencia de esta dirección en las movilidades resultado de la búsqueda de empleo en países emergentes por ciudadanos de la zona Norte. En este caso, los investigadores también coinciden al destacar la posición de España como el país emitió un mayor número de emigrantes con un total de 507, 742 millones en 2011. Los destinos que recibieron un mayor flujo de emigrantes fueron Ecuador y el continente africano. (Lackzo y Brian, 2013)

La OCDE, organismo para la economía y el desarrollo de Naciones Unidas, también incluía por primera vez en su informe anual de 2013 un epígrafe sobre el análisis de este nuevo flujo de movilidades. Coinciden con los anteriores al afirmar que los ciudadanos europeos emigran más y parte de ellos tienen como destino países en vías de desarrollo o del Sur. (NU, 2013)

El hecho de que el ámbito científico internacional señale la existencia de estas nuevas movilidades viene a poner en entredicho el discurso oficial al que hacíamos referencia al inicio. Según estos informes estaríamos ante una movilidad más que una migración tradicional, dadas las particularidades de la sociedad transnacional actual, en la que la movilidad de capital, empresas y en teoría, seres humanos, es libre tal y como señalan autores como Saskia Sassen o Manuel Castells.

Esta nueva dinámica además, podría dar lugar a que los países del Norte se replanteen sus políticas tradicionales en materia de migración, tal y como señalan Lackzo y Brian. Para ello, en el caso español, será necesario desarrollar unos indicadores y herramientas estadísticas capaces de medir y reflejar dicha movilidad así como sus características específicas. Lo que sí parece quedar claro es que las movilidades desde el Norte, como en el caso español, no están producidas únicamente por el fenómeno de retorno.

Notas:

1 El Instituto Nacional de Estadística entiende por migración aquella movilidad en la que se realiza un cambio de residencia oficial, de manera que movilidades como las de los jóvenes a países de la Unión Europea o cercanos en las que no se suele realizar éste trámite, no quedan reflejadas en las estadísticas.

2 Un ejemplo en http://politica.elpais.com/politica/2013/06/03/actualidad/1370249650_783949.html

3 Por ejemplo González, C., (2013) ¿Emigran los españoles?, ARI, Real Instituto El Cano, nº39.

4 González, A., (2013) La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no, Zoom Político, nº 18.

5 Tener en cuenta que la definición de Norte y Sur varía según tomemos datos de PNUD o de la OCDE.

Referencias:

Lackzo, F. y Brian, T., North–South migration:A different look at the migration and development debate, Migration policy practice, Vol. 3, nº 3, June-July 2013.

Naciones Unidas, (2013) Informe internacional de las migraciones 2013, Asuntos sociales y económicos-Naciones Unidas.

Organización Internacional de Migraciones, (2013) Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2013.

Padilla, B. (2010) Algunas reflexiones sobre la migración altamente cualificada: políticas, mercados laborales y restricciones. Obets, Revista de Ciencias Sociales, Vol. 5, nº 2; pp. 269-291.
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Texto publicado originalmente en Ssociólogos.