Tanto la inversión extranjera directa como la actividad de las empresas transnacionales, pueden ser instrumentos favorecedores para el desarrollo de los países receptores pero no por sí solas. Ambos actores no actuan respondiendo al sentimiento altruista de países o empresas, sino que se utiliza como estrategia económica para aumentar beneficios. Un ejemplo de ello es el caso español.
Si analizamos los datos de inversión extranjera directa de la UCTAD reflejados en la obra de Jacinto Soler Matutes, los dos periodos de mayor inversión directa en el extranjero fueron los años entre 1999 y 2001 y entre los años 2006 y 2007. Durante el primer periodo, las inversiones tuvieron como principal destino América Latina, en la que se invirtió en el sector energético, aunque también se realizaron algunas actividades en el sector de las telecomunicaciones y sector financiero. Fue el momento en el que grandes empresas de España realizaron proyectos de una fuerte inversión, como fue el caso de Telefónica, Banco Santander o Repsol.
Ya en el periodo de 2006-2007 las actividades estuvieron destinadas en Europa dirigidas también a la información y comunicación, y por otro lado al sector energético marcada con la operación realizada por Iberdrola al comprar Scotish Power. Después de éstos dos periodos en los que se realizan fuertes operaciones por empresas que se podrían considerar como las pioneras en un proceso de internacionalización moderno, el año 2008 y los inicios de la crisis económica romperán ésta tendencia a la inversión directa. Si en 2007 se emitió una inversión de 137 mil millones de dólares, en 2009 la inversión directa emitida se redujo drásticamente hasta los 13 mil millones de dólares. En 2011 la tendencia comienza a recuperarse, la necesidad de buscar nuevas economías que demanden nuestros stocks, como mencionábamos anteriormente, plantea la exportación y la inversión directa fuera de nuestras fronteras como una necesidad. (Matutes, 2008)
Si ahora analizamos la otra cara de la moneda, sabemos que Argentina no parece sentir que la inversión española y la transnacionalización de Repsol YPF, haya sido muy beneficiosa para su desarrollo. En el informe elaborado por Eduardo Jozami y Fabien Lefrancois, los autores afirman que el aumento de capitales no se vio favorecido por la IED, también apuntan a que las condiciones laborales se flexibilizaron.
Para que la IED y las empresas transnacionales puedan favorecer el desarrollo en los países de destino, las relaciones comerciales se deberían ser enmarcadas en un marco legal regulador de los propios estados. Pero aquí nos encontramos con varios problemas. Por un lado muchos de los países que hoy son receptores de la inversión directa, se encuentran gobernados bajo regímenes autoritarios o democracias poco transparentes que tienen como prioridad el beneficio propio y no el desarrollo de sus países. Por otro, estos estados se ven obligado a seguir los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el documento Los efectos de la Globalización, pudimos observar como en los discursos de los grupos consultados en los diferentes países, una de las opiniones generalizadas era la necesidad de la mayor regulación por parte de los estados del proceso de globalización, y por otro la necesidad de que los organismos internacionales velen en mayor medida por la salvaguarda de los derechos humanos en favor del desarrollo.
Un ejemplo claro del debate entre los gobiernos locales y los límites al comercio internacional fue el visto en el documental El planeta en venta, en el que pudimos ver como el gobierno de Etiopía no exigía ningún tipo de compromiso social a las empresas internacionales que se establecían en su país, salvo el pago de las rentas. No es el único ejemplo, en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española actualmente bajo el mandato del dictador Teodoro Obiang, los datos muestran que se trata de un país en desarrollo con un total del 76,8% de la población en situación de pobreza pese a ser un país productor de petróleo, según los datos de The World Bank. Todo esto después de que en 1992 se descubrieran yacimientos de petróleo en la zona y que en 2007, se pusiera en marcha el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, denominado Horizonte 2020 que tenía como objetivo el aumento del crecimiento económico con el objetivo de llegar a ser catalogado como un país emergente en 2020. Pese a todo, es uno de los enclaves para la IED española, por pasado y por las facilidades que ofrece el gobierno guineano.
Por otro lado tenemos el caso de Argelia, comentado ya en alguna ocasión. Es un ejemplo especial, ya que por un lado podemos observar el discurso del propio gobierno así como el de los países originarios de su inversión directa. Argelia cumple varias de las características de varios de los países emergentes receptores de inversión extranjera internacional. Economía débil a consecuencia de su pasado histórico y de procesos políticos que han olvidado el desarrollo económico en favor de la corrupción y de sectores como el petróleo. Esa falta de desarrollo ha mermado la capacidad de sectores tradicionales como el de la agricultura o la industria, pero también se han visto afectados otros aspectos como la educación o la sanidad. Países como Argelia se han visto en la situación de poseer capital repartido entre las élites, pero sin experiencia y sin recursos tecnológicos para poder desarrollar sus estados. Además, estos países del Norte de África así como los del África Subsahariana, deben resolver problemas de primera necesidad como es el de la desertización o la seguridad alimentaria. Todos estos factores, hacen que la recepción IED, así como de las empresas transnacionales se haya convertido casi en necesaria a ojos de los estados (no así de la sociedad civil). Unos la reciben al estilo de Guinea Ecuatorial o Etiopía, y otros lo hacen al estilo de Argelia.
Argelia está cuidando mucho su apertura por el miedo y el recelo a los inversores extranjeros, entre otros motivos por su pasado colonial reciente, ya que fue el último país en dejar de ser colonia en 1962. El país ha visto una oportunidad y desde que en abril de 2002 se firma en Valencia bajo la V Conferencia Ministerial del Paternariado Euromediterráneo, la asociación EU-Argelia mientras que en octubre de 2002, BoutefliKa visitará Madrid, encuentro en el que se firma el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado el 8 octubre y que entró en vigor en el año 2005. Desde entonces, se ha plasmado la necesidad de la inversión en el Plan Quinquenal 2010-2014. Pero al mismo tiempo, la legislación para la instalación de empresas así como la expatriación, el retiro la extracción de beneficios, están fuertemente regulados, como por ejemplo la Ley de Paternariado de 2009. Además, se exige a las empresas que se establecen, la inversión de parte del beneficio empresarial en desarrollo formativo y tecnológico. Esto en cuanto al régimen legislativo, otra cuestión es que la opacidad del gobierno argelino permita otro tipo de acuerdos que cumplan en mayor o menor medida esta legalidad.
En definitiva, las transnacionales pueden colaborar en el desarrollo de un país, pero siempre que exista una regulación del propio estado receptor. De otra forma, los efectos parecen ser claramente negativos.
Texto: Mª Jesús Cabezón Fdez.
Bibliografía:
1. Soler Matutes, J. (2008) La empresa española en los países árabes: experiencias de inversión y triangulación, Casa Árabe, Madrid.
2. Jozami.E y Lefrancois.F Las empresas transnacionales en la Argentina. Consulta on-line en http://www.inpade.org.ar/oet-documentacion%20y%20base%20de%20datos/documentacion/Empresas%20transnacionales%20en%20Argentina.pdf
3. Materiales del curso: El planeta en venta y Los efectos de la globalización.
4. Consulta datos sobre Guinea Ecuatorial en http://data.worldbank.org/country/equatorial-guinea#cp_fin